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Por unanimidad, la Comisión de Constitución aprobó el miércoles pasado las indicaciones presentadas a los proyectos refundidos de reforma constitucional que tienen como objetivo reducir el monto de la dieta parlamentaria y de los sueldos de altas autoridades del Estado.
La primera indicación respaldada establece un nuevo artículo transitorio que señala que, en el período que medie entre la publicación de esta ley y la fijación de las remuneraciones que establezca el Banco Central (de acuerdo a lo aprobado en una sesión previa); la autoridades de la administración del Estado y cargos de elección popular, con excepción de los consejeros regionales y concejales, solo tendrán derecho a percibir el 50 % de su remuneración o dieta vigente.
La instancia también respaldó, por unanimidad, la indicación que suma a esta resolución que el ahorro que implique la entrada en vigencia de esta reforma será destinado con discrecionalidad por el Presidente de la República a la ley de Presupuestos respectiva.
Fue ratificada además, aunque con reticencia de algunos integrantes, una indicación presentada por el oficialismo que establece la reducción de gastos operacionales y asesorías externas en la misma proporcionalidad que se rebaje la dieta parlamentaria, es decir, en un 50%.
En la sesión se aprobó, además, la indicación que establece un artículo transitorio que señala que, en el mismo plazo establecido en las indicaciones anteriores, las autoridades del Poder Judicial (ministros de C o rte y jueces letrados), solo tendrán derecho a percibir el 50% de su remuneración o dieta vigente.
La comisión continuará el debate de estas reformas que, una vez que sean despachadas de la instancia, deberán ser debatidas y votadas en la Sala de la Cámara y contar con el respaldo de dos tercios de las y los diputados. Mismo trámite que deberá replicarse en el Senado.
Diputados
A nivel local, los diputados respaldaron la idea central del proyecto.
“Votaré a favor de este proyecto que define una rebaja de la dieta parlamentaria y de todos los demás privilegios. Esta última rebaja fue incorporada a través de una indicación de la UDI, para que el gasto público global del ejercicio legislativo disminuya considerablemente. Si bien el proyecto aprobado el martes pasado en la C o misión de Constitución tendrá un efecto transitorio, no debemos olvidar que debe ser una entidad externa a la Corporación la que defina, con argumentos técnicos, las remuneraciones finales de los altos cargos de la administración pública, en este caso el Banco Central. Por ello, esperamos que el Gobierno presente alguna indicación para que este tema no sea abordado en el Congreso, y finalmente no seamos los parlamentarios quienes discutamos sobre nuestra dieta y asignaciones”, afirmó el diputado Gustavo Sanhueza (UDI).
El DC, Jorge Sabag, dijo estar absolutamente de acuerdo con bajar las dietas, “ p e ro esto, de igual forma, debe ir aparejado con la reducción del número de parlamentarios, lo que no implica de ninguna forma volver al sistema binominal, todo lo contrario, así que los que se oponen es simplemente por buscar excusas” .
Según Sabag, que sea el Banco Central el que fije los sueldos, le parece bien, “ y a que es un ente autónomo, con prestigio y que entrega confianza a todos. Lo único que me preocuparía es que existan críticas a su decisión, sea cual sea, ya que estaríamos empañando a un organismo fundamental dentro del sistema económico de un país”.
Respecto de la rebaja en los sueldos a los trabajadores del Congreso, afirmó no estar de acuerdo, “Pues algunos ganan $300, $400 ó $500 mil. Eso es una injusticia, pueden reducirnos nuestras asignaciones, pero no a costa de los trabajadores.
Evaluemos todos los ítemes, sin problemas, pero no quiero que la labor del parlamentario se reduzca solo a estar en el Congreso, pues creo firmemente que el estar en terreno al lado de las personas es fundamental”, manifestó, agregando que presentará una indicación para excluir a los alcaldes de esta rebaja, “ p u es ellos son los encargados de cada comuna, son 24/7 y están muy cercanos a la gente”.
La diputada del PPD, Loreto Carvajal, se mostró especialmente contenta. “ Fui autora de este proyecto, lo presentamos en abril de 2014, en mi primer período como diputada. A raíz de las manifestaciones, de las exigencias de la gente, se ha podido rescatar y se ha avanzado hacia otros cargos. Es algo importante, en la medida que sintonizamos con las necesidades de la gente, y no puede ir sino aparejado con un aumento del sueldo mínimo. Esto no es solo una señal, es una visión con la que estamos comprometidos”, aseveró.
El RN Frank Sauerbaum también destacó la señal que se da, “no solo en el caso de los parlamentarios, si no también de otros cargos. Votaré a favor en la sala, porque no hay que negarse a discutir nada. Soy de la teoría de que debiéramos trabajar por un salario lo más bajo posible, pero terminando con las prohibiciones para que los diputados ejerzan, por ejemplo, su profesión. Hoy no podemos hacerlo” .
En tanto, el radical Carlos Abel Jarpa sostuvo que “ e s ta es una decisión que adoptó la C o misión de Constitución de manera transitoria, hasta que el Banco Central fije los nuevos montos y la cual apoyaré. Quiero ser tajante, la reducción de la dieta parlamentaria la votaré a favor. Tal como lo he manifestado anteriormente, mi disposición está en contribuir a generar un escenario que disminuya las desigualdades y que nos permita acercarnos a un di á l ogo social fructífero que permita avanzar en mejoras concretas” .
Otras autoridades
Desde el Gobierno Regional de Ñuble el intendente, Martín Arrau, destacó que se haya incluido a otras autoridades.
“Es un paso para llegar a que este proyecto finalmente sea una realidad. Tal como dije desde el primer día, es una medida que respaldo, porque es predicar con el ejemplo. Concordamos en que las autoridades reciban un sueldo en relación a sus funciones y que obviamente les permita abarcar sus necesidades; pero también que todos nos podemos apretar el cinturón para destinar parte de esos recursos a atender temas prioritarios para nuestro país que son los que hoy el Gobierno está impulsando con la nueva agenda social”, dijo.
El alcalde de Chillán, Sergio Zarzar, fue más cauto. “ Es un trámite legislativo que aún está en proceso de discusión en el Congreso. En el caso de los servicios públicos, como los municipios, son entidades en que las remuneraciones son fijadas por ley de acuerdo a una escala funcionaria y administrativa. Mientras tanto, en lo personal, sigo muy entusiasmado trabajando por la ciudad y por nuestra comunidad, para tratar de concretar proyectos que van en beneficio de todos y todas”.
