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Entre los aspectos positivos que ha desencadenado el estallido social de las últimas dos semanas en Chile, está el hecho que la ciudadanía, desde su núcleo más básico que es la familia, ha vuelto a dialogar en torno a lo que acontece en el país.
La política se ha tomado las discusiones, y ha sido capaz de congregar a distintos grupos para debatir respecto de cuáles son nuestras necesidades y cómo estas debieran ser canalizadas.
Cabildos, encuentros autoconvocados, diálogos ciudadanos y el inicio por parte del Gobierno de una consulta para abordar este proceso de una forma más institucional, forman parte hoy del día a día. Sin embargo, la pregunta que se hacen muchos es cómo estas inquietudes podrán materializarse. ¿Cómo los resultados de estos cabildos y encuen-tros llegarán directamente a oídos de quienes toman las decisiones, y qué aceptación tendrán precisamente de parte de aquellos que en estos momentos, no son vistos por los ciudadanos como interlocutores válidos?
En Chillán y Ñuble, diversas experiencias se han materializado desde que se iniciaron las movilizaciones.
Quien primero reaccionó fue precisamente la ciudadanía, que comenzó a organizarse: grupos gremiales, sindicales, sociales y políticos, repre-sentados por la Mesa Unidad Social de Ñuble; feministas, ambientalistas y ligados a la educación y la salud han desa-rrollado sus propias jornadas autoconvocadas.
El Gobierno, por su parte, también comenzó un proceso a lo largo de Chile, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, el cual tiene como objetivo definir de qué manera los ciudadanos aspiran a iniciar estos diálogos por la vía institucional. Algo no menor, ya que todas estas iniciativas deben ser canalizadas por este medio, de lo contrario, solo quedarán en propuestas.
“Para que sea válido este proceso participativo, le estamos preguntando precisamente a la ciudadanía cómo quiere que sea. En la mesa que me tocó pedían que fuera un proceso transversal y participativo; que tuviera retroalimentación y se fueran informando las etapas. También se pedía que los alcaldes y parlamentarios participaran como un pasajero más de este proceso, no liderándolo, para que escucharan de primera voz cuáles son las falencias”, afirmó el intendente Martín Arrau tras participar del primer encuentro convocado por el Ministerio de Desarrollo Social.
Consultado sobre de qué forma las demás experiencias que se han estado desarrollando en la región podrán ser tomadas en cuenta, el jefe regional explicó que “hemos estado solicitando dicha información. Por ejemplo, me he reunido con rectores y directores de campus universitarios y me han dicho que han estado organizando encuentros, y que nos harán llegar los resultados. Todo es bienvenido, no es que algo sea excluyente de lo otro”, aseveró.
María Elena Hellman, vocera de la Mesa Unidad Social de Ñuble y de la Coordinadora No Más AFP, destacó la amplia convocatoria que han tenido durante los últimos días en diversos cabildos y encuentros, y afirmó que aspiran a que la ciudadanía de Chillán y Ñu-ble “asista a estas instancias participativas, que nos den su opinión directamente, que será considerada y escuchada por los asistentes a estas actividades sociales, que al final resumimos en un documento de peticiones concretas al Gobierno de Sebastián Piñera. No solo queremos que nos escuchen, no nos basta con solo ser escuchados, hemos sido escuchados por 30 años, incluso los mismos políticos lo han dicho, lo que hoy día queremos y que no vamos a parar hasta lograrlo, es no solo ser escuchados, sino que lo que estamos diciendo, lo que se está gritando en las calles se concrete y se haga realidad a través de leyes justas y que respondan a la necesidad del pueblo chileno por completo, y no solo a una minoría que ha tenido y mantenido privilegios por muchos años”.
Ciudadanía activa
Según el sociólogo Kevin Villegas, los cabildos y encuen-tros que se están desarrollando “son un indicador positivo de una ciudadanía activa que quiere ejercer su derecho de soberanía”.
Añadió que “es muy valorable su carácter autogestionado y espontáneo, que se entiende desde lo transversal de las demandas sociales y la pro-fundidad de la crisis que atañe a la vida misma, pues todos estamos precarizados”.
A su juicio, “cualquier intento de no reconocerlos es continuar con la tradición autoritaria de negar la participación social de la ciudadanía y continuar reduciéndola a mera consumidora. Hay que recordar, eso sí, que la ex Presidenta Michelle Bachelet dejó avanzado un trabajo legal y participativo al respecto, que el Gobierno actual debiera retomar si desea manifestar la voluntad real de destrabar la actual crisis”.
Según Villegas, “nos vemos enfrentados como sociedad chilena a la pregunta ¿puede la institucionalidad chilena acoger la actual demanda social? Nuestro pasado nos presenta muchas dudas, ya que nunca hemos tenido una Constitución inclusiva y creada desde el pueblo, por lo que el horizonte no se visualiza muy auspicioso y la gente sabe eso, por lo que las movilizaciones sociales y su continuidad e intensidad serán vitales”.
Recalcó que “la nueva Constitución significa un potente signo refundacional y una clara muestra de voluntad política de gobernar para todos. Sin embargo, por sí sola, no logrará sanar la fractura, ya que se necesitarán, además, otras medidas más inmedia-tas en materia económica y política”.
Para la politóloga de la Universidad de Concepción, Jeanne Simon, “es claro que los cabildos y foros deliberativos a lo largo del país buscan abrir espacios de discusión y debate para (re)generar confianzas y contribuir a definir un nuevo pacto social”.
No obstante, aclaró, “no está claro cómo se van a canalizar las distintas contribuciones y cómo se van a integrar diversas experiencias y voces. Tampoco se visualiza cómo transformar demandas en términos de resultados sin claridad sobre su factibilidad según las atribuciones de distintos organis-mos públicos. En particular, considerando la gran cantidad de mecanismos de participación en la gestión pública, y en especial, los mecanismos y consejos establecidos en la Ley 20.500. Me parece que el desafío es una conversación entre múltiples tipos de actores: sociedad civil, sector público y sector productivo”, planteó. Paralelamente, enfatizó, “me parece que nosotros en las universidades debemos hacer especial esfuerzo de aportar conocimiento desde las cien-cias sociales y naturales para definir y construir soluciones que son factibles, considerando factores sociales, ambientales y culturales”.
Recordando el proceso de 2016
Durante el último Gobierno de Michelle Bachelet se inició un proceso Constituyente que si bien no logró el nivel de participación esperado, puede servir de base para institucionalizar las actuales demandas ciudadanas.
En agosto de 2016, el Comité de Sistematización de la etapa participativa del proceso Constituyente entregó los resultados de los cabildos realizados en 51 provincias del país y, de forma excepcional, en tres provincias de la Región de Magallanes.En cuanto al nivel de parti-cipación, la entonces Provincia de Ñuble lideró en Biobío, sobrepasando incluso a la Provincia de Concepción.
En total, los cabildos provinciales convocaron a 1.216 personas: 110 en Arauco (seis mesas); 284 en Biobío (13 mesas); 397 en Concepción (20 mesas) y 425 en Ñuble (20 mesas).
La etapa previa a los en-cuentros provinciales incluyó encuentros locales autocon-vocados (ELA) y consultas individuales vía Internet.
En el primer caso, se regis-traron 186 ELA en 20 de las 21 comunas de la exprovincia de Ñuble (hoy región), con un total de 2.614 participantes. Chillán lideró la realización de estas reuniones, con 91. Le siguieron San Carlos, con 20; Coihueco, con 11; y Chillán Viejo y Bulnes, con nueve. En el otro extremo, Ninhue, Portezuelo y Ránquil solo registraron un ELA.Los valores y principios más mencionados por los ñublensinos que participaron en los ELA, y que a su juicio, debieran tener prioridad en una nueva Constitución, fueron Justicia (55,4%); Democracia (51,6%); Respeto/Conservación de la naturaleza o Medio Ambiente (50,5%); Descentralización (47,8%); Igualdad (47,3%); Respeto (40,3%) y Probidad (28%).Entre los valores menos mencionados, con un 0,5% cada uno, están la Libertad de Culto; Familia basada en Matrimonio Heterosexual y Derechos Humanos.
Respecto de los derechos que debiera proteger con mayor ahínco una nueva Carta Magna, los ñublensinos con-signaron a la Salud (81,2%); a la Educación (69,4%); a la vida (41,9%); Igualdad ante la ley (36%); a una Vivienda Digna (34,4%); a respetar la Naturaleza y el medio ambiente (30,1%) y al Salario Equitativo (29,6%). Entre los siete deberes y responsabilidades que debe consagrar la nueva Cons-titución, los ñublensinos priorizaron los de protección y conservación de la naturaleza (83,9%); protección, promo-ción y respeto de los derechos humanos y fundamentales (74,7%); respeto por la Constitución (67,2%); protección y conservación de patrimonio histórico y cultural (64%); respeto de derechos de otros (57,5%); cumplimiento de las leyes y normas (55,9%); y ejercicio legítimo y no abusivo de los derechos (50%).
En relación a las instituciones más mencionadas, estuvieron los plebiscitos, referendos y consultas (67,7%); Fuerzas Armadas (45,7%); Congreso o Parlamento (45,2%); Gobierno local/municipal (43,5%); Poder Judicial (42,5%); Defensor del Pueblo/Ciudadano (36%) y Gobierno regional (35,5%). Entre las menos mencionadas, Autonomía del Banco Central y Autonomía regional, con 0,5% y 1,1% cada una. La Asamblea Constituyente aparece solo con un 3,2% de las menciones.
