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La intención del Gobierno de evaluar otros terrenos para el proyecto de la futura cárcel modelo que, hasta la semana pasada, se daba casi por sentado se edificaría en el sector de San Miguel de Ablemo, comuna de San Carlos, instala una serie de interrogantes sobre el futuro de este importante proyecto que reemplazará a los penales de Chillán, Quirihue y San Carlos.
El emplazamiento fue anunciado hace un mes por las autoridades locales que inicialmente sostuvieron con firmeza la elección del terreno -contiguo al Centro de Estudio y Trabajo (CET) de San Carlos- sin embargo, con el correr de los días esa determinación inicial fue cediendo, por presiones de la ciudadanía y el lobby que ante el nivel central y regional ejercieron parlamentarios y representantes políticos de esa circunscripción.
Como se recordará, este proyecto nació de la necesidad de sacar la cárcel del centro de Chillán, tras la fuga de reos la noche del terremoto de 2010. Lamentablemente, durante una década las autoridades de los gobiernos que se sucedieron actuaron de manera errática y poco transparente, entregando información contradictoria en un principio, y posteriormente, actuando de manera hermética, básicamente porque no tenían ningún avance que informar.
Pero a diferencia de esas administraciones, en ésta existe una planificación presupuestaria que permite iniciar el proceso, y un proyecto que constituye una importante superación del trabajo penitenciario, pues el nuevo recinto está pensado como un centro de terapia y educación, con talleres laborales y convenios con pymes que permitan la rehabilitación y posterior reinserción social de los presos. En definitiva, el escenario es bastante favorable: voluntad política del nivel central, disponibilidad presupuestaria y un modelo carcelario moderno.
Pero hay un problema y no menor: su ubicación. Esta vez fue San Carlos -pero antes fueron Chillán y Chillán Viejo- que rechazó la posibilidad de que el recinto se instale en su territorio, pese a que nadie duda que es necesario contar con un establecimiento más amplio que garantice mejores posibilidades de rehabilitación.
Esto último es lo que los sociólogos llaman el síndrome Nimby, que es el acrónimo de la expresión inglesa “not in my back yard”. La traducción sería algo así como “no en mi patio trasero” o “no delante de mi casa”. Y en español sería Span: “Sí, pero aquí no”. Se trata de una conducta muy frecuente en problemas ambientales o sociales; nadie quiere vivir cerca de un vertedero o de una cárcel, cuya necesidad es evidente, siempre que no estén al lado.
Aunque nos cueste admitirlo, las cárceles son una construcción social y en mucho dependen de quienes tienen responsabilidad pública. Un encadenamiento de voluntades políticas y ciudadanas, entre las cuales, como en este caso, las comunales son un eslabón primigenio y clave.
Es evidente que los líderes políticos, sociales y gremiales están en su derecho de defender lo que consideran es lo mejor para sus comunidades, sin embargo, con su “aquí no” están obstruyendo un proceso que necesita avanzar.
Se puede, incluso, entender el rechazo desde el punto de vista de los costos políticos, pero hay ocasiones en que el genuino liderazgo y el bien común exige pagarlos. Se trata de un equilibrio difícil de entender y sobre todo madurar, pero es estrictamente imprescindible para un tema tan trascendente como éste.
