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Un homenaje a la exgobernadora Paola Becker, hoy candidata a gobernadora regional de RN, encendió las luces de alerta del intendente y también de la oposición, debido a la concurrida asistencia de autoridades que integran el gabinete regional.
Si bien la actividad fue un sábado y, por lo tanto, se encontraban en su día libre, la preocupación respecto de cómo se comportarán las autoridades en este nuevo escenario electoral, inquieta al jefe regional, quien rayó de inmediato la cancha: “primero está la región antes que aspiraciones personales”, sentenció Martín Arrau.
Desde la oposición, en tanto, anticipan que supervisarán el trabajo en terreno y redes sociales de cada uno de los y las seremis, directores de servicios y también de los alcaldes, a fin de que no utilicen la gestión comunal para favorecer a determinados candidatos o candidatas.
Es evidente que quienes detentan alguna cuota de poder tienen acceso a recursos públicos, además de la ventaja en cuanto a visibilidad y atención mediática que les otorgan sus cargos. Tanto la instrucción del Ministerio del Interior, como la Ley de Probidad y resoluciones de la Contraloría General de la República, son inspiradas en el principio de que el desempeño de un cargo público lleva tras de sí el depósito de una confianza institucional que tiene el ciudadano en la autoridad.
Esta confiabilidad asociada al cargo no se puede separar de quien lo ejerce por el simple hecho de una formalidad, como es una firma. Atender las necesidades públicas es una tarea permanente y continua y por ello en la ley General de Bases de la Administración del Estado se señala que el empleo público debe desempeñarse con la más estricta imparcialidad y por eso se limita la participación de los funcionarios, durante el ejercicio de sus cargos, en actividades de carácter político contingente. En este sentido, la investidura del cargo acompaña a la persona siempre.
Pero como reza el dicho popular, “hecha la norma, hecha la trampa”. Las autoridades, independientemente del partido político al que adhieren, exhiben actuaciones que si bien se apegan a derecho, pueden ser consideradas anti éticas o poca probas, si se quisieran medir con una vara alta. Realizar, por ejemplo, inauguraciones o entregas de recursos en la misma zona donde un funcionario es candidato, aunque sea un fin de semana o en horarios que en estricto rigor no corresponde a la jornada laboral, sí implica una influencia y ascendiente tanto de la persona como su cargo sobre el elector. Y esa influencia, que implica la participación en campañas, debería ser expresamente impedida por la ley y tener una sanción.
Sin embargo, dado que los actos de los hombres no solo se rigen por la ley, sino que por la moral y la ética, es más lógico que cada funcionario actúe procurando siempre anteponer el bien común por sobre sus aspiraciones e intereses personales. Esa acción proba corresponde a la conciencia de cada uno y a la transparencia y lealtad con que actúe respecto de todos los ciudadanos.
