La Defensoría de la Niñez detectó que entre los primeros semestres de 2022 y 2023 hubo un aumento del 70,6 por ciento en la cantidad de expulsiones y cancelaciones de matrículas en establecimientos educacionales del país.
Lo anterior en el marco de una investigación realizada por el organismo con cifras de la Superintendencia de Educación. El Informe expuso que en tan solo un año, se produjo un alza de 276 a 471 casos de este tipo a nivel nacional.
A nivel regional, Arica y Parinacota, es el territorio con mayor cantidad de expulsiones y cancelaciones de matrícula del país a 2023, en relación con su matrícula total , con una tasa de 0,73 casos por cada 1.000 estudiantes. Le Sigue Tarapacá con una tasa 0,5 y Ñuble con 0,3 casos por cada 1.000 alumnos.
Según los datos relevados por el informe, y también disponibles en la página web del Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez, entre los primeros semestres de 2022 y 2023 es posible identificar un aumento del 83% en la cantidad de registros de expulsiones y cancelaciones de matrícula en la región de Ñuble, aumentando de 12 a 22 registros.
“Al analizar la cantidad de expedientes, según su población en el primer semestre de 2023, la región de Ñuble ocupa el tercer lugar a nivel nacional, luego de Arica y Parinacota; Tarapacá (y antes de Valparaíso) ubicándose también por encima de la media nacional de 0,16. Asimismo, ocupa el cuarto lugar en la tasa de denuncias recibidas por esta materia a nivel nacional. Por lo tanto, es importante que en la región de Ñuble se identifique la trayectoria educativa de las y los estudiantes expulsados y qué acciones se están desarrollando para que esta medida sea excepcional y una última acción”, expuso Pamela Meléndez, directora de la Unidad de Estudios y Estadísticas de la Defensoría de la Niñez.
Entre las causas asociadas al tema, se mencionaron las situaciones de violencia y transgresiones de normas al interior de los establecimientos educacionales.
“Hemos identificado que esto coincide con otros reportes publicados por la Defensoría de la Niñez que dan cuenta de la realidad y situaciones de violencia que se viven en los territorios. Estos informes dan cuenta de cómo han aumentado los casos policiales en establecimientos educacionales y las denuncias por convivencia escolar en general. En este marco, es posible señalar, que han existido en estos años un aumento de la conflictividad en el entorno educativo el cual ha impactado en la escuela y su abordaje es de alta complejidad para los establecimientos educacionales”, explicó la directiva.
A la luz de los datos arrojados por el informe, la principal cantidad de expulsiones se produce en octavo y primero medio, justo en la transición del nivel básico a la enseñanza media.
“Esta transición escolar, parte de la trayectoria educativa, es una etapa clave para la continuidad de los estudiantes en pos de finalizar sus estudios. El ser expulsado y de no mediarse su revinculación al sistema, interrumpe sus trayectorias aumentando las tasas de rezago escolar y la exclusión del sistema. Es de opinión de la Defensoría de la Niñez el evaluar periódicamente la capacidad del sistema educativo para prevenir y manejar adecuada y oportunamente los conflictos que pueden desencadenar una expulsión o cancelación de matrícula, siendo clave, no solo asegurar un justo proceso para los estudiantes y sus familias, sino que también recomponer la convivencia en el establecimiento educacional, para que hechos que motivan una expulsión no se vuelvan a repetir”, enfatizó Pamela Meléndez.
Propuestas
La profesional indicó que la clave para resolver estos problemas radica en la prevención y el fortalecimiento de las capacidades de las escuelas para fomentar el buen trato y la convivencia escolar.
“Lo que requiere de medidas activas desde el Ministerio de Educación en el fortalecimiento de la formación y regulación para el abordaje de estas materias, considerando siempre la participación de las comunidades educativas”, comentó.
Asimismo, resaltó pertinente revisar normativamente todo el procedimiento relacionado con la convivencia escolar, el que incluye la Ley de Aula Segura.
“A su vez, se hace necesario revisar y fortalecer las facultades de la Superintendencia de Educación, el rol de las Oficinas Locales de la Niñez con el Sistema de Garantías y ver la necesidad de monitorear esta realidad en los colegios particulares pagados, entre otros elementos. Esto debe acompañarse con medidas que aseguren la continuidad de las trayectorias educativas, antes y después de los procesos de expulsión, junto con recomponer los espacios educativos que pudieran verse afectados con hechos que motivan las expulsiones”, dijo.
