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El Centro de Observación y Control de cumplimiento de medidas de protección del Poder Judicial elaboró un catastro en materia de salud de los centros colaboradores del Sename en Ñuble. El estudio midió las variables de discapacidad física, discapacidad intelectual y/o cognitiva, diagnóstico de patología psiquiátrica y/o relacionada con salud men-tal y consumo de drogas y sustancias.
“El catastro fue establecido en ocho centros residenciales. Para elaborarlo, partimos de la base de datos e informática con la que contaba el Poder Judicial, y a la vez, hicimos el trabajo de visitar a cada residencia, para que nos pudieran entregar el diagnóstico de salud en estas cuatro dimensiones respecto a cada uno de los niños”, explica Daniella Pesso, coordinadora del Centro de Observación.
El estudio, que consideró un total de 166 sujetos de protección, arrojó que el 63% de ellos padece un diagnóstico de patología psiquiátrica y/o de salud mental. El 26% tiene una discapacidad cognitiva y el 9% está asociado a consumo de drogas.
“La mayoría de los niños debe acceder a una a atención de salud en el sistema de salud pública. A raíz de estos números se logra conformar una Comisión técnica de salud, en la cual va a poder participar el Poder Judicial, además del Servicio de Salud de Ñuble, el Sename regional y profesionales de la Seremía de Salud, a fin de poder dar respuesta más específica y operativa a esta demanda que existe en esta línea de atención”, detalla Pesso.
Además, precisa que “ellos están con un diagnóstico indicado por el médico psiquiatra infantojuvenil, y la periodicidad en la atención psicóloga infantojuvenil y la periodicidad en la atención depende de lo que el profe-sional estime necesario en función a la situación del niño, pero ellos ya están trabajando en el cumplimiento de este mandato ministerial, para que todos los niños Sename puedan tener una atención prioritaria y que sus tiempos de espera sean reducidos. Nuestra labor, como Poder Judicial, es articular aquella información”.
Dificultades de atención
El catastro incluyó a la Villa Jesús Ñiño, Hogar Nuestra Señora de la Esperanza, Ho-gar Hermana Elisa, Hogar Cruz Roja, Nuestra Señora de Fátima, Residencia Frank Reinisch, como organismos colaboradores con subven-ción del Sename. Además, incorporó a dos instituciones particulares: Conin y el Pro-grama Creciendo Juntos.
Yerka Aguilera, psicóloga y directora de la Corporación de Apoyo a la Niñez y a la Juven-tud en riesgo social Llequén, sostiene que “actualmente, los niños o jóvenes que ingresan a los programas lo hacen por situaciones de grave vulne-ración de derechos, por lo tanto, vienen con un daño, que dependiendo del grado o de la predisposición que tengan, afecta su salud mental”.
Aguilera enfatiza que “gene-ralmente, lo que tenemos que hacer en los programas es pagar la consulta particular para el niño que está en situación de más riesgo y que requiere de atención inmediata, porque sabemos que el sistema público se demora, por lo tanto, si hay una situación que se requiere con urgencia uno tiene que pagar en forma particular. La atención para nuestros niños no puede esperar, y la atención pública se caracteriza por lar-gos tiempos de espera”. En tanto, Isabel Puga psicóloga infantojuvenil y parte del directorio del Colegio de Psicólogos de Chile, advierte que “la si-tuación es muy compleja, requiere muchos recursos, y desafortunadamente podría haber una medida que diga que ellos pueden ir al sistema de salud pública, pero este ya tiene bastantes falencias y no tiene suficiente presupuesto. La salud mental en Chile no tiene suficiente cobertura, y en la parte infantojuvenil es mucho más importante”.
Abandono residencial
El catastro determinó que 18 niños y adolescentes de Ñuble con medidas de protección se encuentran en situación de abandono de los centros residenciales. Diez corresponden a ingresos a residencias de otras jurisdicciones, y seis a centros de Ñuble. Además de un caso cuyo ingreso fue dispuesto a una familia de acogida y otro que no se incorporó al centro designado después de la primera audiencia. 17 de los menores son mayores de 12 años.
Actualmente, cuentan con orden de búsqueda vigente.Daniella Pesso afirma que “si están dentro de un sistema residencial se puede lograr que se dé cumplimiento a los dere-chos que tienen, por ejemplo, a la educación, a la salud, a la recreación. Estando tal vez en situación de calle, no podemos prever que eso ocurra”. Isabel Puga hace hincapié en que “no es solo poner más personas a buscarlos, hay que ir a las medidas preventivas, que requieren de recursos, lo que no significa darle más dinero al Sename, sino articular una red que pueda responder a todas las necesidades, y para eso tiene que haber más presupuesto”.
