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El 31 de julio la Fiscalía Regional de O’Higgins confirmó que el bus de la empresa Línea Azul que protagonizó ese mes un accidente a la altura de San Francisco de Mostazal y que dejó seis fallecidos, utilizaba la placa patente de otro vehículo, y que la suya había sido cancelada. El Ministerio de Transportes, dos semanas antes, había detectado dos casos adicionales de la misma empresa.
La adulteración fue una de las causas para que el representante de la empresa, Marcelo Hernández, permanezca en prisión preventiva, por considerar que al engañar al sistema hubo responsabilidad en el accidente. La placa del bus accidentado pertenecía a una máquina de la misma empresa dado de baja y se encontraba en el taller mecánico de la empresa. Daniel Guajardo, encargado del taller mecánico de la empresa se encuentra actualmente con arresto domiciliario.
Este año, según cifras de la Seremi de Transportes de Ñuble, se han detectado ocho buses con placa patente adulterada, la mayoría de ellos se han encontrado en fiscalizaciones realizadas en agosto, después del accidente, lo que demostraría que el caso de Línea Azul es una problemática frecuente.
De los ocho buses detectados, cinco corresponden a máquinas que transportan escolares hasta sus establecimientos. Uno de los vehículos identificados pertenence a una empresa que realiza un recorrido rural, otro interurbano -trayectos de más de 200 kilómetros-, y también se registra un servicio privado remunerado.
El 21 de agosto la Seremi de Transportes detectó un caso de chasis adulterado. “Nuestro equipo de inspectores encontró un bus que estaba tansitando en la vía pública con el número de chasis adulterado, pues la patente no coincidía con la del bus y hemos encontrado situaciones similares anteriormente por lo que claramente se está tratando de engañar al sistema”, informó la seremi de Transportes, Bárbara Kopplin. El 31 de agosto se registraron dos buses con chasis adulterado en la planta de revisión técnica ubicada en la calle Cocharcas. Los conductores fueron detenidos y los antecedentes remitidos a Fiscalía.
Aumento de casos
El protocolo indica que el equipo de fiscalizadores de la Seremi de Transportes debe reportar el caso a Carabineros para que investigue. El suboficial Claudio Parra, jefe de la Patrulla de Tránsito de Carabineros, detalla que este año han detectado nueve buses rurales e interurbanos con patentes adulteradas -uno adicional a los reportados por la Seremi-, lo que implica un 30 por ciento de incremento respecto al año pasado.
“Han aumentado en un 50% la cantidad de vehículos con patentes adulteradas, y un 30% en el caso de los buses”, puntualizó.
“El procedimiento consiste en que los peritos de Carabineros realizan las primeras diligencias para establecer si el vehículo está con número de chasis adulterado o del motor. Luego el fiscal toma a la persona detenida, ya sea al propietario o al conductor, y posteriormente la máquina queda en posesión de la Fiscalía local, es retirada de circulación y pasa a los corrales”, explicó Parra.
El suboficial analizó que estos casos ocurren porque “los microempresarios tienen conocimiento y están cambiando las placas patentes cuando hay vehículos que se encuentran en buenas condiciones, pero ya no son autorizados por el Ministerio de Transporte para seguir transitando porque sobrepasan la cantidad de años que pueden funcionar, y les cambian las placas patentes o adulteran los chasis y los motores”.
Parra precisó que “cuando las empresas son grandes como la empresa Línea Azul, en ese caso tuvo responsabilidad tanto el dueño como los mecánicos, y en otras empresas que son menores como buses rurales que son microempresarios, ellos también tienen talleres y realizan todas las operaciones en ellos”.
Dificultad para fiscalizar
El equipo fiscalizador de la Seremi de Transportes solo está facultado para realizar inspecciones en la vía pública, en las plantas de revisión técnica o en terminales de buses. No pueden fiscalizar en talleres mecánicos de las empresas, lo que es una dificultad para detectar los casos. El caso de Línea Azul, solo se pudo determinar porque Fiscalía contaba con una orden judicial.
Bárbara Kopplin sostuvo que “es importante destacar que estas situaciones son difíciles de detectar cuando hay intención de burlar el sistema. Nuestro equipo de inspectores tiene la capacidad técnica para detectar los casos y es por este motivo que las fiscalizaciones son tan efectivas en este ámbito. 
Nuestra prioridad es velar por la seguridad de las familias de Ñuble, por lo que hemos realizado la labor de fiscalización y continuaremos realizándola con el objetivo de que estas prácticas no se repitan”.
El equipo de fiscalización cuenta con cinco fiscalizadores, además de funcionarios de apoyo de Biobío, y está conformado por “ingenieros en maquinaria y vehículos automotrices, técnicos mecánicos de nivel superior, prevencionistas de riesgo y técnicos en mecánica industrial de nivel superior”
