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Es un diagnóstico ampliamente compartido que la Región de Ñuble requiere con urgencia de una fuerte inversión en infraestructura pública, de manera de mejorar su competitividad. Las carencias se concentran en el ámbito de la conectividad y el transporte, temas especialmente sensibles para una zona que por décadas ha sido postergada.
Según los datos de la dirección regional de Vialidad, Ñuble está conformada por una red vial de 4.746 kilómetros en total, de los cuales solo 1.613 (34%) se encuentran pavimentados, lo que en la práctica incide en los costos de flete, en los tiempos de viaje y determina en gran medida quiénes pueden optar a vender a un mejor precio su producción.
El ejemplo clásico de la fruta dañada desde el predio hasta el packing, tanto por los golpes en el camino de ripio como por el largo viaje, permite entender la necesidad de focalizar la inversión de vialidad en sectores con un potencial agrícola y turístico no explotado.
El último reporte oficial, confirma la directa relación entre el atraso de las comunidades y el déficit de conectividad que sufren. De hecho, las 12 comunas más pobres de la región son las que tienen menos caminos pavimentados
Y como se trata de infraestructura pública, no se puede pensar en sacarlas del rezago en que se encuentran si el Estado no genera las condiciones básicas para que ello ocurra.
Lo hemos reiterado desde esta columna: Ñuble sufre desde hace décadas a costa de un modelo donde la rentabilidad social de las inversiones fiscales ha sido un concepto vacío y en no pocas ocasiones, la excusa para centralizar el gasto público en los territorios donde hay más votos. Eso es quizás lo más lamentable: que se trata de un esquema reconocidamente injusto, pero nada se hace por cambiarlo.
La Región de Ñuble nació con una red de caminos que muestra un gran atraso, y pese a que hay avances en pavimentación y asfalto, pasando en 5 años de 26% a 37% el año 2023, los efectos aún son marginales ante la magnitud del déficit.
La orientación del gasto regional en esta materia es algo que merece destacarse, como también las decisiones centralizadas en los últimos tres años, pero sigue ausente un mecanismo que permita financiar de manera permanente las obras viales en las redes secundarias de las tres provincias.
El atraso que hoy tenemos mucho tiene que ver con el sistema de inversión caminera dependiente de las partidas presupuestarias que anualmente se asignan. Se requiere, en consecuencia, una reforma legal que obligue al gobierno central a una distribución preestablecida en función del atraso que registran los territorios.
Sería (además del desempleo) un buen motivo para unir a nuestras parlamentarias y parlamentarios, enfrascados en disputas políticas desconectadas de la realidad local, impulsar un enfoque que tienda a emparejar la cancha, priorizando a los que tienen menos y terminando con un modelo centralista de la inversión que a Ñuble poco y nada ha favorecido.
