Veinticinco años han pasado desde los primeros anuncios del traslado de la cárcel de Chillán a un nuevo recinto, y aún no existe siquiera un terreno para su construcción y sí cientos de declaraciones de diferentes autoridades, referidas a supuestos esfuerzos por avanzar en este tema.
Durante esta administración no ha sido muy diferente. Con matices de diferencia, básicamente las autoridades del actual Gobierno repiten lo mismo que venimos escuchando hace dos décadas: que hay varios terrenos en carpeta y que solo basta definir cuál será comprado para luego licitar su construcción.
Esta promesa data del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y como muchos otros anuncios, no se concretó. En la administración de Ricardo Lagos el tema hibernó 5 años y en Bachelet 1 despertó, pero solo a nivel discursivo y cuando ya estaba nuevamente en el baúl de los proyectos “eternamente pendientes”, vino el terremoto de 2010 que puso una señal de alerta respecto de la necesidad de sacar la cárcel del centro de la ciudad, dado que aquella fatídica madrugada se produjo un incendio en el penal y una fuga masiva de reos que causó mucho temor entre los vecinos.
Y si bien el primer gobierno de Sebastián Piñera asumió como un compromiso la construcción de una nueva cárcel, la iniciativa se encontró con el mismo obstáculo que existe hasta hoy: la oposición de comunidades que no quieren tener una cárcel en su entorno. Adicionalmente, el proyecto durante estos 25 años ha ido cambiando de dimensiones y enfoque. Incluso, por razones de supuesta eficiencia económica y rentabilidad, en la segunda administración de Michelle Bachelet se habló de una cárcel biprovincial, equidistante de Los Ángeles y Chillán.
Finalmente, aquel proyecto no prosperó y así llegamos al segundo mandato del Presidente Piñera, donde hubo un comienzo auspicioso, pero con el tiempo los intentos por hallar un terreno volvieron a estrellarse con el rechazo de los vecinos. Hoy, dos años después y en medio de una pandemia que ha reorientado prioridades y presupuestos del Estado, la versión oficial es que se barajan tres terrenos ubicados en sectores rurales. O sea, prácticamente la misma respuesta de hace 25 años.
Por otra parte, no se necesita mucha interpretación para deducir que si se invierten 300 millones de pesos en el actual centro penitenciario de Chillán y otros 200 millones en la cárcel de Bulnes, además de la construcción de talleres en las cárceles de Chillán y San Carlos, el proyecto de un nuevo penal para la región de Ñuble se encuentra en un lugar secundario de las prioridades de un Gobierno que enfrenta una doble crisis, sanitaria y económica. En resumen, al igual que en 1996, el tema hoy se encuentra en punto muerto, por más que las autoridades se esfuercen por hacernos creer lo contrario.
Los múltiples anuncios de traslado de la cárcel de Chillán y de construcción de un nuevo recinto regional que nunca se concretan han sido una constante, a tal punto que tras un cuarto de siglo los chillanejos nos hemos malacostumbrado a escuchar en reiteradas ocasiones el mismo anuncio oficial, y a esperar en vano que se cumpla.
