El 14 de octubre del 2022, la superintendente de Casinos, Vivien Villagrán le informó al Ministerio Público que ella no podía emitir pronunciamiento respecto a si las máquinas utilizadas en los locales conocidos como “casinos populares” son o no máquinas de azar; y que la Superintendencia no estaba facultada para fiscalizar ese tipo de lugares porque, a su entender, no eran casinos.
“Y eso yo lo vengo diciendo desde el 2013”, dice el abogado Héctor Mella, quien desde entonces ha representado a diversos dueños y encargados de locales de tragamonedas en el país, incluyendo a Chillán.
De hecho, hoy está como defensor de uno de los propietarios a quienes la semana pasada, Carabineros y el municipio les clausuró el local deteniendo además al regente, por el delito de rotura de sello.
“En el caso de la Municipalidad de Chillán, que tiene un alcalde (Camilo Benavente) que cuando era concejal en alguna oportunidad apoyó este tipo de locales pero ahora no, como a muchos otros alcaldes de Chile, les advertí que la señora superintendente no tenía las facultades ni los conocimientos para determinar la naturaleza de las máquinas de juegos; pero al igual que algunos jueces y el, entonces, Fiscal Nacional, Jorge Abbott, no nos creyeron”, agrega.
El jurista, residente de Santiago, ya elabora con su equipo de abogados una serie de querellas en contra de la superintendenta y en contra de los representantes legales de los municipios que han clausurado estos locales por asumir que son juegos de azar, y no de destreza.
Sin embargo, anticipar un resultado favorable o negativo para sus pretensiones es realmente complejo, considerando que tanto quienes los defienden como quienes los han perseguido han conseguidos triunfos y derrotas realmente modestas en los tribunales. Demasiado débiles para sentar una jurisprudencia inequívoca.
Considerando que no existe en Chile, ciudad que los haya logrado erradicar por completo y, por el contrario, algunos municipios ya se abrieron a su funcionamiento, los actores del sistema judicial no dudan en establecer que quienes tienen la real oportunidad de poner las reglas prístinamente claras son los parlamentarios.
Paradójicamente, defensores, querellantes y fiscales coinciden en que lo mejor para sus objetivos respecto a la materia es legislar. Y, al respecto, voluntad no se ha visto mucho.
¿Hay negocios ocultos?
Hasta hace un tiempo, la Fiscalía Regional de Ñuble contaba con una investigación preferencial respecto al funcionamiento irregular de este tipo de locales en la región.
Como antecedente, en 2016, el fiscal Mauricio Mieres encabezó en Chillán un trabajo conjunto con Carabineros, logrando la detención y formalización de seis personas que ostentaban el cargo de gerentes, o administradores o derechamente, de dueños de estos lugares.
A todos por el mismo delito, el de rotura de sellos, es decir abrir el local pese a estar clausurado por la Municipalidad. En cada uno de los casos se logró una condena, aunque ninguna privativa de libertad.
En esta oportunidad, el llamado “foco investigativo” del grupo Sacfi de la Fiscalía Regional estuvo a cargo del fiscal, Álvaro Serrano.
Pese a que también obtuvo condenas, y previamente incluso medidas cautelares de prisión preventiva en contra de algunos de los imputados, admite que “lamentablemente, hay algo bastante vago en la ley de Casinos, en general, lo que permite una interpretación bastante más laxa”.
Basándose en ese axioma que dice que la ley se puede interpretar de distintas formas, especialmente cuando no hay normas específicas o no son tan precisas, el fiscal comenta que existe aún en legislación nacional respecto a los locales de máquinas tragamonedas, “una zona bastante nebulosa, lo que ha permitido que estos casinos sigan funcionando”.
En consecuencia, para el persecutor no es posible determinar aún si los casinos populares son en realidad un negocio lícito o no y eso explica –entre otros aspectos- porqué siguen proliferando pese a la persecución que les han hecho los municipios y hasta los mismos vecinos de las comunidades, que a través de las diversas redes sociales de las que disponen, han demostrado su rechazo a que estos locales sigan apareciendo, al menos, en los centros históricos de cada comuna.
Es en estas redes sociales, en las mismas reuniones de concejos municipales, donde se acusa abiertamente a estos locales de fomentar la ludopatía y de esconder actividades como la venta clandestina de cigarrillos prohibidos en el país, de drogas, alcohol, prostitución e incluso hay concejales en Chillán que han planteado que es necesario investigar si se trata de empresas instaladas para lavar dinero narco u otro tipo de actividades criminales.
En contraste con esas sospechas, el fiscal Serrano apunta que “estábamos conscientes de estas sospechas que estaban en el inconsciente colectivo”, pero aclara que de todos los casos que pasaron por manos de Sacfi, “no vimos indicios concretos de que exista un lavado de activos a través de los casinos; tampoco hemos tenido jamás en la región una denuncia concreta que apunte a eso, aunque evidentemente, no quiero decir con esto que alguna vez podamos encontrarnos con algo así. Pero hasta el momento, no es algo que hayamos visto”.
¿Quiénes son los dueños?
El pasado miércoles 15 de marzo, detectives de la Brigada de Investigación Criminal Chillán, lograron la detención en flagrancia de una mujer de nacionalidad China de 33 años, por el delito de ocultación y entrega de información falsa.
Además la imputada, mantenía 17 órdenes de arresto pendientes y más de 10 millones de pesos en multas por infracciones municipales. Siempre por rotura de sellos.
Se trataba de la misma ciudadana oriental que ya había sido detenida el viernes anterior y formalizada por el mismo delito de siempre. Es decir, ahora además, cometió el delito de desacato.
El inspector Camilo Sánchez, explicó que la mujer solía ocultar su identidad y toda información respecto a su domicilio, ya que estaba en conocimiento de las órdenes que existían en su contra, y así poder evadir a la Policía.
De hecho, Sánchez informó que “al momento de su detención, se pudo constatar que toda la información que entregaba la mujer era falsa y no coincidía con su identidad, por lo que se tuvo que recurrir a las técnicas huellográficas con la cooperación del Departamento de Migraciones y Policía Internacional y el Laboratorio de Criminalística Regional, para determinar sus verdaderos antecedentes, que arrojaron las infracciones y multas pendientes acumuladas por años eludiendo la fiscalización”.
La imputada fue puesta en libertad, pero ya no con la siempre liviana cautelar de arraigo nacional (que en el caso de los migrantes pareciera ser incluso un favor), sino que esta vez se le impuso la medida de reclusión nocturna, lo que la obliga a pernoctar todas las noches en la cárcel de Chillán.
Y respecto al primer detenido en el año por rotura de sello, se sabe que también era un ciudadano chino.
Se le detuvo, se le impuso la cautelar de arraigo nacional tras ser formalizado por rotura de sellos, pero como si no hubiese entendido nada de lo que se dijo en el estrado, una vez de vuelta a su local, sacó el sello de nuevo y volvió a abrir. Como si nada hubiese pasado.
El local, ubicado en el segundo tramo del Paseo Arauco, sigue funcionando con -a estas alturas sarcástico- letrero luminoso que dice “Bienvenido”.
Pese a esto, no todos los dueños de estos casinos son chinos. Es más, se ha demostrado que solamente ofician de encargados de local, pero la identidad de los dueños reales suele quedar en la nebulosa.
La duda no le acomoda en lo absoluto al municipio chillanejo, entidad que al menos ha dado señales claras de que no quiere tener ese tipo de locales en el centro de la ciudad.
Por esta razón, la Municipalidad, a través de la Dirección de Seguridad Municipal, ordenó una investigación coordinada con el Servicio de Impuestos Internos para realizar una trazabilidad a los contratos de arriendo y así develar el misterio.
“No se trata de un monopolio, sabemos que ha personas de distintas ciudades y de distintas nacionalidades que son dueños de estos locales. En el último catastro que hicimos en la ciudad identificamos 27 locales, que obviamente tienen razones sociales distintas, uno de ellos está tratando incluso de hacer un traspaso de la patente a un tercero, trámite que obviamente tenemos detenido en la Municipalidad”, explica.
De los 27 locales catastrados, cinco están con patente municipal y de esos cinco, dos presentaron permisos para juegos electrónicos, por lo que a juicio de Alejandra Martínez se estaría ante la infracción del mal uso de patente.
Por lo tanto, el ejercicio de la trazabilidad que se realizará con Impuestos Internos, es también respecto al destino de los dineros para así intentar dar con otros delitos que se puedan, eventualmente, añadir a los de rotura de sellos en los próximos operativos.
De todas maneras, mientras la directora dice no contar aún con los documentos que puedan comprobar o descartar si los dueños son chillanejos, el abogado Héctor Mella, quien asumió uno de los casos vigentes dijo a LA DISCUSIÓN que “mi representado me pidió reserva de su identidad, pero sí, se trata de una persona de la zona. Sobre quiénes son los dueños de los otros casinos, no tengo mayor información”.
¿Por qué no los quieren?
Basta con escribir en Google la frase “Guerra contra los Tragamonedas” y los ejemplos son interminables.
“Alcaldes en pie de Guerra”, “exigen retirada de locales de juegos de azar”, o “Guerra por masivas incautaciones”, son solo algunos de los títulos que ofrece en respuesta el buscador.
Sin embargo aún no se ha dado una respuesta clara y transparente respecto a qué es exactamente lo que tanto le molesta a los municipios respecto a estos casinos populares.
Para algunos el tema de la ludopatía no tiene asidero alguno, toda vez que las tragamonedas de los casinos grandes sí están autorizadas.
Para el abogado Mella, “se elaboró una mentira muy grande y parte de eso yo se lo responsabilizo a la señora Vivien Villagrán, la superintendente de Casinos; al señor Contralor General de la República (Jorge Bermúdez). Elaboraron un plan que determinaba que para otorgar un patente a un local de juegos de habilidad y destreza, debiera ser autorizado por la Superintendencia de Casinos.
Entonces, como los municipios reciben dinero de los casinos y a su vez la gente de estos casinos creen que estos locales de entretención son un peligro para ellos, tratan de eliminarlos”.
Como antecedente plantea que la mayoría de los municipios que no han presentado acciones en contra de estos locales, “son coincidentemente ciudades en las que no se ha instalado un casino real”.
Es más, acusa que la animadversión en Chillán ha llegado al nivel que “en los juzgados de Policía Local, les están poniendo multas de hasta 10 UTM, lo que es absolutamente ilegal”, propone.
Otras razones para ese rechazo que despiertan los locales en un grupo de la comunidad apunta al aspecto del local. Oscuro, cerrado, con cámaras de vigilancia para advertir la presencia de policías o inspectores municipales, no es precisamente, lo que los chillanejos quieren ver en su casco comercial.
Algunos funcionan las 24 horas del día y se sabe que en algunos, los casinos son además los hogares de estos regentes chinos, quienes duermen, comen y se bañan en ese mismo local. Generalmente en el segundo piso.
De hecho, ese es el argumento para defenderse de las acusaciones de rotura de sello, ya que legalmente no se le puede impedir el acceso a su vivienda a una persona en Chile.
Por otro lado, fue en uno de esos locales que funcionan las 24 horas del día en el centro de la ciudad, que en enero pasado, se generó un tiroteo entre un grupo de delincuentes quienes estaban tratando de asaltar a los clientes del local, en horas de la madrugada; y un carabinero quien se encontraba de franco y advirtió el intento de asalto.
La acción terminó con detenidos y dos heridos, quienes días después arrancaron del hospital Herminda Martín de Chillán, ya que al no estar formalizados no eran obligación de ninguna entidad pública el garantizar su custodia.
Lo cierto es que desde su instalación en el país, a inicios del presente siglo, todo en torno a estas máquinas ha sido oscuro, insólito y hasta turbio.
De hecho, el gran gestor y quien definió la estructura orgánica del funcionamiento y proliferación de estos locales en el país fue Francisco Javier Leiva, quien fuera superintedente de Casinos y Juegos hasta 2012, cargo que le permitió conocer todos los vacíos legales y las nebulosas regulatorias que hasta hoy le brindan una coraza inexpugnable.
Se ha sabido que la PDI allanó los domicilios del propio Leiva y la de Pablo Zalaquet (uno de los principales lobistas de estos locales).
Otros nombres importantes figuran en esta historia. Uno de los pocos peritos que existen en Chile para determinar si una máquina es o no de destreza es Vladimir Quinteros, ex PDI y fundador de la Brigada del Cibercrimen en Chile. “Él es uno de las máximas voces en el país y su opinión no ha sido considerada como se debe”, apunta el abogado Mella.
Lo cierto es que sus peritajes han sido cuestionados por la SCJ en varias oportunidades.
El negocio de los casinos populares reporta más millones de dólares al año que los Casinos Oficiales, la PDI ha iniciado investigaciones por presuntos lavados de activos y cada vez son más los municipios que vieron en estos lugares un máquina de tributaciones inigualables.
Y aunque se pida a gritos regular desde lo legislativo, al parecer no habrá jamás unanimidad.
La diputada Marta Bravo, por ejemplo, dijo que estos casinos son “ilegales, su funcionamiento no es fiscalizado ni por la Superintendencia de Casinos ni por las municipalidades. Se debe legislar y para eso es necesario que todos los parlamentarios estén de acuerdo, pero no para regularizarlos, sino para sacarlos definitivamente de nuestras comunas”
