Un último informe emanado por parte de la Controlaría General de la República, respecto a las investigaciones realizadas en el marco de las licencias médicas entregadas de manera irregular a diversos funcionarios del país, entre 2020 y 2024, añade otros seis casos vinculados de manera indirecta con la Municipalidad de Chillán.
Cuando se dio cuenta del primer informe contralor con alcance nacional, se especificó que en total, estos casos tipificados como uso malicioso de instrumento publico, alcanzaba más de 25 mil licencias extendidas a personas que las habrían solicitado para salir de vacaciones al extranjero o para trabajar de manera particular durante ese periodo, y de estos, 26 correspondían al municipio chillanejo, principalmente en las áreas de Educación y Salud.
La actualización del informe revela que se detectaron otras seis más en la Dirección de Salud, que si bien no tiene funcionarios municipales, si se trata de profesionales pagados con recursos del gobierno comunal.
De esta manera, los casos que involucran a la Municipalidad de manera directa e indirecta, llegan a 32.
A raíz de esto, el concejal Rodrigo Ramírez, quien presidio la reunión del Concejo Municipal de este martes, le pidió a la administradora, Roxana Lizana, que se les extendiera al cuerpo edilicio “un informe detallado con los resultados de las investigaciones administrativas que ya se ordenaron por parte del alcalde (Camilo Benavente)”.
El edil aclaró que se trata de una investigación que, en lo que respecta a las aristas penales o al perjuicio que afecta a Fonasa ($60 mil millones), no es resorte municipal, “pero sí lo son los funcionarios en cuestión, por lo tanto queremos saber qué va a pasar con ellos y también queremos que el municipio tome medidas más exhaustivas a futuro”.
14 causas en la Fiscalía
En respuesta a lo anterior, desde la Administración Municipal de Chillán, explicaron a La Discusión, que de esas 32 investigaciones, 14 habrían ya entrado a sede penal.
“Se recepcionó un oficio desde Contraloría General de la República, en que se informó un listado con 14 funcionarios municipales y de salud, que habrían obtenido licencias médicas de médicos extranjeros, actualmente investigados por el Ministerio Público”, detallaron.
Por lo anterior, y sobre esos 14 funcionarios, el municipio ya ordenó la instrucción de un procedimiento disciplinario, debidamente alineado con las instrucciones generales impartidas por la propia Contraloría General de la República (Oficio Nº E89569, de 2025) el que mandata a los órganos públicos a indagar y hacer efectivas las responsabilidades administrativas que correspondan.
“Para llevar a cabo dicha investigación, ya se ha designado a un fiscal, quien tiene amplias facultades para recabar todos los antecedentes necesarios tendientes a determinar eventuales responsabilidades administrativas. Actualmente, el procedimiento se encuentra en su etapa indagatoria, recopilando la información pertinente para el esclarecimiento de los hechos”, añadieron.
Finalmente, adelantaron que una vez que el proceso concluya, y resguardando siempre las garantías del debido proceso, se informarán los resultados conforme a la normativa vigente.
