Señor Director:
La fundación del Consejo de Monumentos Nacionales data del año 1925, y su actual anacronismo no se condice con las décadas de funcionamiento que ha tenido para ir corriendo el cerco y convertirse en una entidad que no obstaculice innecesariamente las inversiones.
Por el contrario, hoy tenemos una institución ineficiente, carente de gestión y que se junta una o dos veces al mes para ver una serie de situaciones sin dar abasto. A esto se suma la carencia de cualquier tipo de facultad regional, dificultando el empoderamiento de las regiones, y así lograr que las decisiones sean más rápidas.
Al anacronismo del Consejo se suma que, a partir del 1 de marzo de 2018, con la ley 21.045 pasó a formar parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, creándose, además, la Secretaría Técnica dependiente del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
Este hito a considerar, en su mérito, no ha resuelto la captura del Consejo por parte de distintos grupos de interés en materias de patrimonio y arqueología, lo que ha generado mucho daño a la inversión en Chile, y no sólo a la privada, sino también a la pública.
Sin embargo, estas trabas a la inversión, también se manifiestan producto de un problema de proporcionalidad.
Por ejemplo, no es lo mismo encontrar una vasija en una excavación que un cementerio indígena, y hoy ambas situaciones son tratadas de la misma manera.
Aquí es donde tiene que haber más agilidad y una clarísima delimitación entre las funciones del Consejo de Monumentos Nacionales y los actores que se dedican a resolver las complejidades que presentan los proyectos en el ámbito del descubrimiento arqueológico y en el desarrollo de las inversiones.
En conclusión, se puede considerar que distintos consejeros pertenezcan al Colegio de Arquitectos o al de Arqueólogos, ya que se tratan de mercados muy pequeños donde son los mismos actores que pasan de un lado a otro con el tiempo. No se trata de acusar gratuitamente, pero pareciera ser que hay conflictos de interés entre el Consejo de Monumentos Nacionales y los actores que tienen que solucionar los problemas. Por esto, necesitamos una legislación mucho más robusta; descentralizar el Consejo de Monumentos Nacionales, y una mayor gestión de transparencia.
Sergio Gahona
Senador, presidente Comisión de Medioambiente del Senado