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Tribunal ordena congelar bienes de alcalde Daniel Jadue

Agencias

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago accedió a las medidas cautelares reales solicitadas por los querellantes en contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en el marco del caso Farmacias Populares.

Esta solicitud, realizada por la parte querellante -en este caso la empresa Best Quality SpA-, busca revisar la disposición patrimonial del imputado, con la finalidad de asegurar la existencia de bienes suficientes para, eventualmente, fijar la reparación o indemnización de un delito.

El tribunal, en tanto, prohibió al imputado celebrar contratos sobre sus bienes muebles o inmuebles.

Se determinó que actualmente el jefe comunal cuenta con tres departamentos, dos casas y un auto, todo avaluado en 549 millones de pesos, los cuales estarán cautelados hasta, al menos, que Jadue sea condenado; es decir, no podrán ser traspasados o vendidos.

“El que los bienes del imputado, los bienes sobre los que se pretende la medida cautelar sumen alrededor de 500 millones, parece a esta jueza una solicitud que permite dar por establecido también la concurrencia de este presupuesto”, señaló la jueza Katherine Román.

Ya que, según detalló la magistrada, “la defraudación solo respecto a la empresa Best Quality asciende a una suma aproximada a los 1.000 millones de pesos. Si a ello le sumamos el perjuicio causado al fisco, que alcanza alrededor de 300 millones, más las multas asociadas a los ilícitos incurridos en perjuicio del fisco, estos debieran llegar a una suma aproximada de más de 2.000 millones de pesos”.

Jadue actualmente está en prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, desde el 3 de junio pasado, luego de ser formalizado como autor de los delitos de administración desleal, estafa, fraude al fisco reiterado y un delito concursal, relacionados a la extinta Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

La defensa busca revertir esta medida cautelar lo antes posible, ya que si llega a ausentarse por 45 días de su cargo, según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, se normará a un nuevo alcalde.

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