Durante los ùltimos años, han comenzado a proliferar en la ciudad ocupaciones ilegales de terrenos por parte de personas en situación de calle, sin que hasta ahora se hayan dado pasos concretos por parte de autoridades locales para revertir todos los casos denunciados.
Los problemas que afectan a numerosos barrios de la capital regional, entre ellos algunos céntricos, han sido dados a conocer de manera permanente por la comunidad y concejales a través de diversos medios.
De esta manera, se ha ido generando un mapa bastante conocido de propiedades que aparentemente no pertenecen a nadie y que han sido utilizadas al margen de la ley como residencias permanentes u ocasionales.
En muchos casos si bien no existen personas viviendo en aquellos, se produce una ocupación ilegal esporádica, sobre todo nocturna, que pone en riesgo a vecinos de los sectores afectados por esa práctica.
La carencia de servicios básicos, termina con convertir a muchas propiedades fiscales, municipales o privadas en microbasurales, focos delincuenciales o de reproducción de vectores como ratones que afectan a muchas residencias.
Recientemente, la municipalidad desalojó las dependencias del Grupo Escolar ubicado en Collín con Argentina, el que se encuentra abandonado desde el año 2010 cuando fue arrasado por el terremoto del 27F.
Pero, vecinos señalan que a pesar de ello hay quienes insisten en ingresar al lugar, donde encuentran instalaciones precarias en las que podrían cobijarse o cometer incivilidades, como consumo de alcohol o drogas. Incluso el concejal Jospeh Careaga advertía de asaltos en los alrdedores.
Algo similar ocurrió en la exescuela F-205 de calle Palermo, que se encuentra ubicada junto a la Medialuna. Se trata de un amplio terreno que alguna vez fue propuesto para albergar un Parque de los Deportes o piscina municipal, pero que hoy aparece repleto de ruinas, malezas y sus precarias instalaciones han sido usadas por mucho tiempo por residentes que aprovechan de acceder a ellas, dada la carencia de cierre perimetral.
En la actualidad, si bien fue desalojado el 16 de marzo pasado, persiste el riesgo de que eventualmente individuos reingresar toda vez que no existe un cierre hermético en tono al sitio.
La calle Palermo, es un caso especial en la ciudad, pues a pesar de su cercanía con el centro y de estar en un barrio consolidado, tiene tres propiedades que han sido tomadas de manera permanente o esporádica.
El concejal Jorge Vaccaro, señaló que además de aquella escuela, existe una amplia casa cerca de la avenida Schleyer que fue “tomada por Okupas”, quienes la cercaron y clasuraron sus accesos con elementos metálicos.
Además, en la esquina de Palermo con Schleyer, se pueden ver las ruinas de un edificio abandonado luego de que la empresa contratada por el exClub Social de la ciudad quebrara, abandonando los trabajos.
El sector, señala Vaccaro, es ocupado por sujetos que lo transformaron en una suerte de vertedero y lugar para reuniones que preocupan a los vecinos que residen en el sector.
Incluso en este sitio en febrero de 2020 un hombre violentó sexualmente a una joven a la que trasladó luego de amenazarla, siendo capturado posteriormente.
Junto a todos los hechos que han generado estupor en el vecindario, es que los vecinos y concejales han pedido que se refuercen las acciones para cerrar de manera definitiva ese terreno.
Respecto de los reclamos, el alcalde Sergio Zarzar, comentó recientemente en sesión de concejo municipal que la entidad edilicia tomó cartas en el asunto y particularmente se están llevando a cabo acciones para proteger todos los terrenos municipales o privados, desalojarlos y cerrarlos, lo que ejecuta la unidad de Seguridad e Inspección municipal.
En este sentido, la directora(s) de esta unidad, Gianina Martínez, mencionó que están trabajando para ponerse en contacto con propietarios legales de los predios “okupas” de la ciudad para que lleven a cabo acciones para limpiarlos, cercarlos y evitar su ocupación.
Además, mencionó que en el caso del edificio abandonado de Palermo con Schleyer, están realizando acciones legales para declararlo “en abandono”, lo que permitirá al municipio concretar su limpieza y evitar la presencia de ocupantes irregulares.
De la misma manera, la concejala Brígida Hormazabal, denunció la existencia de dos sitios abandonados en el sector norte de la ciudad, particularmente el antiguo centro de eventos Las Encinas y una estación de servicios ubicado frente a ese terreno.
En ambas situaciones, existen reclamos de vecinos que constantemente pasan por el lugar respecto de la presencia permanente de moradores que afectan la seguridad ciudadana.
En el caso puntual del viejo servicentro, la directora(s) de Seguridad municipal, indicó que se pusieron en contacto con uno de los dueños del recinto, quien planteó que existen impedimentos jurídicos para que pueda sea cercado.
Marginalidad
Lo que está detrás de muchos casos de terrenos abandonados es la pobreza y vulnerabilidad extrema de los ocupantes ilegales de terrenos, quienes carecen de medios para sustentarse, pagar arriendos y no tiene redes de apoyo que les permitan salir adelante.
Uno de los sitios más reconocidos es el antiguo Terminal de buses de Línea Azul en Constitución con Brasil, que por mucho tiempo ha sido usado de manera permanente o transitoria por personas en situación de calle. A pesar de haber sido cerrado, se suman reclamos por la presencia de personas durante las noches. Algo similar ocurre con un terreno de Prat con Cocharcas, donde estaba el edificio La Frontera. El lugar si bien fue clausurado, tiene accesos a través de panderetas en mal estado.
Dideco
La Dirección de Desarrollo Comunitario, Dideco, tuvo que actuar recientemente luego de que la Municipalidad de Chillán, en coordinación con Carabineros de Chile y la Gobernación Provincial del Diguillín, desalojaran a las personas que estaban ocupando de manera irregular las instalaciones de dos exescuelas municipales.
Respecto a las alternativas en favor de quienes no tienen un lugar seguro donde pernoctar, desde la Dideco se planteó que a las personas se les “ofrece un completo servicio a través de la Hospedería Municipal. En los últimos años, el gobierno comunal ha fortalecido y potenciado la prestación que se entrega en el establecimiento de estadía, garantizando elementos de abrigo, alimentos y cama para cada una de las 60 personas que puede llegar a acoger el local; todo gracias al convenio vigente con el Ministerio de Desarrollo Social”.
Asimismo, el Departamento de Asistencia Social de la Dirección de Desarrollo Comunitario, permanentemente evalúa de manera exhaustiva los casos sociales que involucren a familias en situación de extrema vulnerabilidad o desamparo, con el objetivo de prestar ayuda inmediata, la que podría comprender desde alimentos hasta una vivienda transitoria de emergencia.
En el caso de las personas o familias vulnerables que carecen de una vivienda, pero que su estadía la realizan en casas arrendadas o de familiares o amigos, la Dideco, mediante su Departamento de Vivienda, les entrega orientación detallada para la postulación a los subsidios y beneficios habitacionales, y posteriormente les acompaña durante el proceso de ejecución de los proyectos.
Campamentos
Durante los próximos días, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo iniciaría una evaluación local de la situación en la que se encuentran los campamentos en el ámbito regional.
Una de las cosas que se esperan conocer, está relacionada de la forma en que han impactado la crisis social y la epidemia en este ámbito y si en el nivel local se ha detectado una mayor pobreza, hacinamiento, carencia de vivienda o personas que se hayan desplazado a campamentos.
El director del Servicio de Vivienda y Urbanismo, Alvaro Pinto, señaló que en el último tiempo, no han detectado en el caso puntual de campamentos un incremento sustantivo de moradores.
Pinto, reafirmó que “no existe una cantidad signicativa de familias viviendo en campamentos de las que ya son parte del catastro del año 2018”.
La autoridad regional, indicó que en cada uno de los campamentos registrados en Ñuble, están en marcha planes de intervención que apuntan a regularizarlos y brindar mejores alternativas a las familias.
Lo que ha detectado el Serviu, subrayó Pinto es que en los campamentos se ha podido registrar un “incremento de casos puntuales de 1 o 2 familias que han llegado en campamento, generalmente son familiares de los que ya estaban”.
En el caso de “nuevas tomas”, hasta la fecha la entidad regional registra solamente una y que correspnde al llamado callejón Maipon hasta donde se trasladaron nueve familias.
En el caso de campamentos que están catastrados, Pinto mencionó que la estrategia para atender a las familias para por la relocalización a traves de diversos mecanismo como pueden se la entrega de subsidios para Adquisición de Vivienda Construida o a través el plan de integración DS49.
Además, las familias que viven en campamentos establecidos pueden acceder a la radicación en el mismo lugar que habitan, donde se les generan todos los servicios que requieren para vivir, lo que pasa por urbanizar el sector y construir nuevas viviendas.
En Ñuble, según el último catastro, existen 19 campamentos, respecto de los cuales existen planes concretos de intervención en diferentes “etapas de Diagnóstico, Evaluación e Implementación”.
