Mientras la demanda de extinción del contrato con la concesionaria Astaldi hecha por el MOP en septiembre de 2019, sigue paralizada en la comisión arbitral que debe sancionarla en tanto se mantenga el Estado de Excepción, las dudas sobre la viabilidad de la construcción de La Punilla volvieron a asomar, ya no solo por las dificultades que ha enfrentado el proyecto en sí, sino por las críticas del gobernador regional electo, Óscar Crisóstomo, quien ha planteado que el embalse “ya no es viable, porque nunca se conversó con las comunidades”.
Durante su campaña, Crisóstomo manifestó que, “a veces, yo me pregunto si vamos a tener que esperar 60 años más para tener agua para riego, en una región que se proyecta como agroindustrial, o vamos a tener que generar nuevas condiciones. Creo que ahí vamos a tener que avanzar con proyectos que sean menos invasivos, que sean consensuados con las comunidades y tengan una visión técnica e innovadora”.
Sus aprensiones con el proyecto concesionado en 2016 las volvió a expresar luego de ser electo. “Debemos entender que somos una región agrícola y que necesitamos el agua. Pero esto no puede ser a costa del patrimonio medioambiental y de las comunidades. El proyecto Punilla, que lleva cerca de 90 años en estudio, debe ser reformulado y va a pasar quizás cuánto tiempo más para ello. Mi responsabilidad como gobernador será asegurar el agua para riego en la Región de Ñuble, y tenemos alternativas, como aumentar la capacidad de riego tecnificado, que actualmente solo alcanza el 5% de la superficie. Con inversión regional y del nivel central podemos avanzar en esa línea. También hemos conversado con organizaciones medioambientales la posibilidad de fomentar la construcción de pequeños tranques, que no invaden ni generan conflictos con comunidades. Ese tipo de inversiones, más pequeñas y fáciles de generar, deben explorarse, al igual que las plantas desalinizadoras, que nos permitirían contar con agua para consumo humano”, declaró recientemente el gobernador electo.
Y si bien sus atribuciones son limitadas, sus afirmaciones son interpretadas como señales que pudieran cambiar el curso del emblemático proyecto.
Ñuble Libre
En la otra vereda, desde la organización ambientalista “Ñuble Libre”, tenaz opositora a la construcción del embalse, reciben con beneplácito la postura del gobernador electo.
“Me parece fundamental que podamos reflexionar sobre cómo queremos que sea nuestra región de Ñuble, sé que algunas autoridades y actores económicos de la región quieren potenciar la agricultura, para que nos convirtamos en una región agrícola, pero nosotros creemos que primero, debemos hacer un análisis económico y social, sobre qué tan rentable es para la población de Ñuble, ya que la industria agrícola no es la más eficiente con respecto a la cantidad y calidad de empleos que puede ofrecer”, expuso Constanza Aguilera, una de las voceras de la organización.
En esa línea, sostuvo que “nos parece muy buena postura de parte del gobernador, poder cuestionar el proyecto, y esto también abre la posibilidad para que se pueda establecer un diálogo entre las comunidades, las autoridades, las organizaciones políticas y sociales de la región, para así llegar a un acuerdo sobre el destino del embalse Punilla, ya que hace varios años hemos estado escuchando el requerimiento incesante de algunos terratenientes, que es para obtención de más agua de regadío, pero para sus propios cultivos; debemos analizar en profundidad este requerimiento, ya que si es para el bien común de la mayoría de la población, para todos los agricultores de la región, o si sólo está fundado en las aspiraciones económicas individuales de las personas que hacen ese requerimiento, que es principalmente la Junta de Vigilancia del río Ñuble”.
Aguilera subrayó que las declaraciones de Crisóstomo son relevantes porque “abren la posibilidad del diálogo, para ver cómo vamos a resolver el tema del embalse Punilla, porque antes nos veíamos enfrentados a la Junta de Vigilancia que era apoyada por las autoridades, que decían que sí o sí necesitábamos el embalse”.
La activista destacó, además, que la elección de un constituyente que salió de sus filas (César Uribe) le da validez a la lucha que han liderado contra la construcción del embalse; y reiteró que los tropiezos que ha enfrentado el proyecto son la confirmación de que no es viable, como los desalojos y los problemas con Astaldi. “Es un indicio más de que el embalse no se tiene que hacer, que no es un proyecto viable, que no se necesita para el desarrollo agrícola de la región, si es que eso es lo que queremos, y no es el camino correcto para solucionar el problema de la sequía”.
Regantes esperan
Para los regantes del río Ñuble, que serán los principales beneficiarios del embalse, todavía vale la palabra del Presidente de la República, pese a que el 20 de agosto del año pasado se comprometió en Chillán a destrabar en seis meses el arbitraje. De esa visita hoy se cumplen 10 meses.
Salvador Salgado, gerente de la Junta de Vigilancia del río Ñuble, aclaró que la organización representa a unos 5 mil agricultores de la cuenca del Ñuble, más del 80% de los cuales son pequeños, muchos de ellos beneficiarios de la Reforma Agraria, por lo que negó que existan grandes terratenientes o latifundios en esta zona; y reiteró la urgencia de avanzar con el proyecto de embalse, pues la escasez hídrica está frenando el desarrollo de la región, y la consiguiente generación de empleos.
Consultado por la postura del gobernador electo, el representante de los regantes manifestó que “no la vemos con preocupación, en el fondo, porque también entendemos que en este caso, y queremos pensar, que el gobernador electo no ha tenido toda la información para poder hacerse una opinión respecto del impacto positivo que va a generar en la región, y no tan solo La Punilla, sino que el plan de embalses que tiene el Ministerio de Obras Públicas, que incluye el embalse Zapallar y el embalse Chillán”.
“Yo invitaría al gobernador a reunirnos -añadió Salgado-, para que él nos conozca, que conozca la realidad del riego de la cuenca del río Ñuble y vea los impactos que va a traer esta gran obra, que ha sido planificada por distintos gobiernos, que ha tenido un apoyo transversal, y eso demuestra que el diagnóstico que ha tenido cada gobierno es el mismo, que existe una necesidad de almacenar agua y poder abastecer en temporada de riego cuando la agricultura más lo necesita”.
El profesional destacó el beneficio de La Punilla, así como del Zapallar y del Chillán, “para un número importante de pequeños agricultores. La pequeña agricultura tiene un rol muy relevante en nuestra región, hay un patrimonio rural y campesino que nosotros deberíamos mantenerlo y preservarlo, y esa agricultura hoy está en crisis, porque estamos sometidos a una sequía de más de una década, y por otro lado, la necesidad de dar un reconocimiento a la región nueva, porque cuando se creó la región quedaron tres elementos principales en evidencia: la tasa más alta de ruralidad, la segunda tasa más alta de pobreza y la falta de infraestructura, principalmente en materia de embalses y de regulación, un problema que no enfrentan nuestros vecinos, ya que tienen reservorios de agua importantes que les han permitido hacer una agricultura sostenible en el tiempo y sacar de estos estados de vulnerabilidad a la pequeña agricultura, que es lo que nosotros deberíamos empezar a trabajar hoy”.
“Si esta megasequía se mantiene, y no se construyen los embalses proyectados, lo más probable es que se agudice la pobreza en Ñuble”, advirtió el gerente de la Junta de Vigilancia del río Ñuble.
Comisión arbitral
Consultado por el compromiso aún no cumplido del Presidente Piñera, Salgado reconoció que “nos gustaría que el proyecto se materializara lo antes posible, pero también no podemos dejar de lado la situación que está viviendo el país, y nosotros creemos que el compromiso que adquirió con nosotros el 20 de agosto lo va a cumplir, y que se va a ver materializado en su gobierno con alguna propuesta clara”.
El dirigente añadió que “la extinción del contrato con Astaldi es un hito muy relevante para el futuro del embalse, pero entendemos, tal cual lo ha manifestado el MOP, son elementos que deben ir evaluando”.
Como se recordará, y según confirmó el propio ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, mientras continúe el Estado de Excepción se mantendrá el receso de la comisión arbitral que debe resolver la extinción del contrato solicitada por el MOP en septiembre de 2019.
Astaldi se adjudicó en junio de 2016 el contrato de concesión para la construcción y operación del embalse; en marzo de 2018 entregó los proyectos de ingeniería de detalle de las obras del embalse y en septiembre de 2018, informó, a través de una carta, en calidad de hecho esencial, el grave error del MOP al definir la capacidad de almacenamiento total de embalse. Ello, a partir del estudio de ingeniería de detalle y los estudios topográficos realizados por la concesionaria.
El error del MOP, según plantea una fuente conocedora del proyecto, hace absolutamente imposible cumplir con las obligaciones de entrega de aguas para riego en los términos definidos en las bases de licitación—lo que infringiría los acuerdos que el Estado alcanzó con los regantes de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble— y reduce drásticamente la producción anual de energía hidroeléctrica del embalse, un elemento clave del modelo de negocio multipropósito del embalse, pues la generación eléctrica es la que hace que el proyecto “flote” en términos de rentabilidad, un factor sensible si se considera la baja sostenida de los precios nudo de la electricidad.
Pero la relación entre el MOP y la concesionaria había comenzado a deteriorarse antes, en 2018, a partir de los problemas financieros que enfrentó la compañía tanto en su matriz italiana como en su filial chilena, también a cargo de otras obras, como el Hospital Félix Bulnes, en Santiago.
Las dudas sobre la continuidad de la matriz ante los rumores de una quiebra obligaron al MOP a monitorear de cerca la situación financiera de la compañía, a lo que se sumaban las críticas locales respecto del plan de relocalización de las familias que viven en la zona del proyecto y que fueron expropiadas, pues el llamado Plan de desarrollo social que debía ejecutar Astaldi exhibía un evidente retraso en su ejecución, agravado por la oposición de un grupo de familias al traslado. La situación se hizo crítica luego de un polémico intento de desalojo de algunas familias con auxilio de Carabineros en noviembre de 2018.
Así las cosas, las familias afectadas recurrieron a la justicia, que paralizó los desalojos y de paso, detuvo el proyecto, lo que abrió un nuevo flanco de conflicto para la concesionaria y el MOP.
Luego vino el cobro de la boleta de garantía y la demanda de extinción del contrato que mantienen congelado el proyecto en la mencionada comisión arbitral.
El proyecto
La Punilla es la mayor obra del plan nacional de embalses y representará una inversión total cercana a los US$500 millones. Permitirá dar seguridad de riego a 70.143 hectáreas en San Carlos, Chillán, Coihueco, Ñiquén y San Nicolás. Se emplazará en la zona alta del río Ñuble -en San Fabián y Coihueco-, e inundará 1.752 hectáreas.
