Señor Director:
En la reciente discusión sobre el levantamiento del secreto bancario, parece haberse olvidado que la ley ya permite a los jueces acceder a estos antecedentes en ciertos casos penales, de familia y tributarios.
Los bancos, cooperativas de ahorro y crédito, compañías de seguros y entidades de custodia de valores están obligados a reportar movimientos financieros significativos al Servicio de Impuestos Internos (SII), según el art. 85 bis del Código Tributario.
Para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, la Ley N°19.913 obliga a personas naturales y jurídicas a informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre operaciones sospechosas. Si se detectan indicios de estos delitos, la UAF informa confidencialmente al Ministerio Público, encargado de investigar y perseguir penalmente.
El SII, por su parte, tiene convenios con diversas instituciones públicas para facilitar la colaboración en la aplicación y fiscalización de las leyes tributarias, permitiendo a los fiscales acceder a sus bases de datos.
La Ley N°18.575 ordena que los órganos del Estado deben coordinarse para evitar duplicación o interferencia de funciones, y propender a la unidad de acción.
Sin embargo, la prevención y persecución del crimen organizado en Chile enfrenta debilidades debido a la falta de coordinación oportuna y efectiva entre las instituciones del Estado, lo que ha resultado en políticas públicas dispersas y desarticuladas. Entonces, ¿necesitamos más leyes o una mayor coordinación del Estado para seguir el rastro del dinero del crimen organizado?
Cristóbal Cifuentes Torres
Académico Derecho USS
